La Corte Internacional de Justicia (CIJ) emitió este martes un fallo que condena a Montevideo por haber violado un tratado bilateral al permitir la instalación de la planta de celulosa UPM (antes Botnia), aunque tampoco da la razón Argentina que alegó que la papelera contamina el río Uruguay que atraviesa ambos países.

Esto quiere decir que la ‘pastera’ podrá continuar sus actividades en la localidad uruguaya de Fray Bentos, con lo que Buenos Aires ve frustrado el objetivo de su demanda presentada en 2006 de desmantelar esta papelera que desde el año 2003 mantiene a ambos países en un intenso conflicto diplomático.

El extenso fallo, leído este martes por el magistrado eslovaco Peter Tomka, establece que la CIJ “no es el ámbito de aplicación” de las demandas presentadas por Argentina por la supuesta contaminación “sonora y visual”, los “malos olores” y el impacto que tiene la papelera sobre el turismo.

“Contrariamente a lo que afirma Argentina la contaminación sonora y visual no puede probarse”, sentenció el magistrado, al destacar que “no hay relación directa entre la instalación de la pastera y el cambio climático en el río alegado por Argentina”.

Los magistrados dictaminaron, por 11 votos a favor y tres en contra, que no se han encontrado pruebas sobre los supuestos efectos contaminantes de la planta de celulosa y, por tanto, “no hay motivo para ordenar el cese” ni “el desmantelamiento” de la fábrica.

La Corte también determinó que los niveles de sustancias vertidas por la planta a las aguas del río Uruguay son “insignificantes” si se comparan con los desechos que arrojan otras fábricas a ese importante caudal que comparten ambas naciones.

Tomka también aclaró que “ningún artículo” del Tratado del Río Uruguay aborda el tema de los malos olores y, en consecuencia, ese punto de la demanda no es de competencia de la CIJ.

“No hay evidencia que apoye el alegato argentino de que la planta de Botnia no cumple con las mejores tecnologías en términos de efluentes para cada tonelada de celulosa que produce”, añade el fallo que establece que no habrá compensaciones económicas para Buenos Aires.

La CIJ, por otra parte, mencionó en el fallo lo que debería ser el “aprovechamiento racional” del río Uruguay, para el que Buenos Aires y Montevideo deberían promover “el desarrollo sostenible que garantice la protección del río y de los derechos económicos de los estados ribereños”.

“Todo cambio en el balance ecológico” del río debe ser asumido por ambas partes que tienen la “obligación de coordinar estas acciones toma un rol central y es importante que ambas partes respeten esta norma”, establece la sentencia.

- Tratado incumplido.

El otro punto álgido de la sentencia es la decisión de los jueces de condenar a Montevideo por haber incumplido el Tratado del río Uruguay, suscrito con Argentina, al permitir la instalación de Botnia en la zona fronteriza sin informar ni negociar con el Gobierno vecino.

Tomka indicó que “Uruguay no respetó la obligación que le impone el primer apartado del artículo 7″ del tratado firmado en 1975 por ambas naciones al no notificar a la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) para que decidiera “si el proyecto puede traer perjuicios”, tal y como lo establece “el segundo apartado del artículo 7″.

“El tercer apartado establece la obligación de notificar y, según esta Corte, así se crean las condiciones de cooperación entre las partes y negociar las modificaciones para prevenir los prejuicios”, reza el fallo.

La CIJ consideró, por 13 votos a favor y uno en contra, que Montevideo “no respetó la obligación de negociar prevista en el artículo 12 del Estatuto del Río Uruguay” y “desconoció los mecanismos de cooperación previstos” en ese tratado firmado en 1975.

“Al autorizar la construcción de la planta y del puerto antes del fin de la negociación, no respetó la obligación de negociar prevista en el artículo 12 del Estatuto y desconoció los mecanismos de cooperación previstos”, plantea la resolución.

- Reacciones.

Los asesores legales del Ministerio de Exteriores argentino dijeron este martes que el fallo de la CIJ se ajusta a la posición del Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y que por tanto Buenos Aires se siente “satisfecha” con la resolución emitida.

“La Corte ha dicho que Uruguay cometió tres violaciones al estatuto porque no informó a Argentina sobre Botnia, sobre Ence y sobre el puerto de Botnia”, dijo a la prensa la asesora legal de la Cancillería argentina, Susana Ruiz Cerruti.

El “incumplimiento” del Tratado del Río Uruguay por parte de Montevideo es lo que ha llevado a Argentina a presentar una denuncia ante la CIJ, recordó Ruiz Cerruti, al aplaudir que esta “violación” haya sido sentenciada por el tribunal.

Horas después de conocer la sentencia, el ministro de Exteriores de Uruguay, Luis Almagro, insistió en que “hay tranquilidad” en el seno del Gobierno uruguayo. “Estábamos tranquilos antes del fallo y seguimos tranquilos. Es momento de plantearnos los trabajos conjuntos”, añadió.

“La sentencia, luego de un profundo análisis, concluyó que los estándares están acordes a los parámetros de excelencia que Uruguay se impuso”, acotó Almagro en lo que ha sido el primer pronunciamiento sobre la sentencia por parte del Gobierno de José Mujica.

Asimismo, Almagro anunció que en las próximas horas se pondrá en contacto con su par argentino, Jorge Taiana, para acordar un encuentro presidencial con el propósito de evaluar de forma conjunta el fallo.

- Se mantienen las protestas.

La condena de la CIJ a Montevideo no contentó a los ecologistas y vecinos de la localidad argentina de Gualeguaychú, en la provincia de Entre Ríos, que lloraron y estallaron en cólera al conocer que el fallo permitirá a Botnia seguir operando cerca del río Uruguay.

La Asamblea Ciudadana Ambiental Gualeguaychú, promotora de las manifestaciones, ha emitido su primer comunicado rechazando el dictamen de La Haya y reiterando la “ilegalidad” de la papelera, al tiempo que advierten de que no levantarán el bloqueo del puente que une ambos países.

Vecinos y activistas argentinos decidieron el 20 de noviembre de 2006 poner un candado al portón que permite el acceso al Puente Internacional General San Martín impidiendo la salida de vehículos desde Gualeguaychú hacia Uruguay y el ingreso a Argentina de los coches provenientes desde Fray Bentos.

Este cierre ha generado serios problemas de transporte, especialmente, a los comerciantes que desde hace más de tres años han tenido que utilizar la ruta más larga para poder transportar mercancía entre los dos países que mantienen importantes intercambios comerciales.

“Continuaremos la lucha para demostrar que Botnia contamina, y que su ilegalidad es suficiente para que se vaya de la cuenca del río Uruguay”, señala el comunicado divulgado por los medios argentinos.

Los ecologistas alegan que la planta es altamente contaminante y que es perjudicial para el río que atraviesa ambos países, visión que es compartida por el Gobierno argentino que abogó en todo momento por el desmantelamiento de la llamada ‘pastera’.

La finlandesa UPM, que se hizo cargo de Botnia en 2009, produce un millón de toneladas anuales de celulosa blanqueada de fibra corta de eucalipto en su planta de Fray Bentos.

La producción se transporta en barcazas desde la fábrica a través del río Uruguay hasta el puerto de Nueva Palmira, en el sur del país. Desde allí, la mercancía es colocada en buques transatlánticos con destino a Europa y Asia.

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El presidente del PP, Mariano Rajoy, pasa revista a los temas de actualidad. Desde la corrupción que azota a su partido hasta el Estatut de Cataluña. Reconoce que el caso de Jaume Matas le ha sorprendido.

-¿Conoce usted el caso ´toblerone´ que obligó a una viceprimera ministra sueca a dimitir por haber cargado en su tarjeta de crédito oficial la compra de unos toblerones y unos pañales?

-Sí. Me suena.

-Si en España se aplicara este rigor, ¿habría menos corrupción?

-Normalmente, el corrupto intenta que no se le descubra ni eso ni cosas peores.

-¿Los partidos políticos serían más exigentes con sus cargos si la corrupción penalizara electoralmente?

-Frente a lo que piensan algunos, yo sí pienso que penaliza electoralmente.

-¿El caso Gürtel le pasará factura a su partido?

-No es algo que nos sirva para sumar más apoyos pero espero que también se valore la respuesta que hemos dado. Yo quiero recordar que en el año 2004 ordené que estas personas dejaran de contratar con el partido, porque no nos gustaron algunas cosas que vimos. Luego hemos sabido que al dejar de trabajar para el PP mantuvieron algunos contactos en determinadas administraciones. Es verdad que hemos conocido hechos lamentables que están donde tienen que estar, en manos de la justicia. Pero al margen de lo que en su día digan los tribunales, nosotros hemos apartado a las personas implicadas de sus puestos políticos y ya no son militantes del partido. Sé que hablo en nombre de todos los militantes cuando digo que ha sido un acontecimiento lamentable. Yo seguiré luchando para que estas cosas no se repitan.

-¿Por qué el PP ha protegido más a Luis Bárcenas y se ha desmarcado más de Jaume Matas?

-Yo no lo veo así. En ambos casos, hemos afirmado la presunción de inocencia. Matas ya había abandonado la política y vivía en Estados Unidos. Bárcenas es senador. Ninguno de los dos es hoy militante del PP.

-¿Van a mantener a Bárcenas como senador en el grupo popular?

-Nosotros hemos dado una respuesta política de enorme exigencia y ahora quien debe actuar es la Justicia. Lo que es curioso es que esa exigencia no se plantee al resto de partidos políticos, cuando en Andalucía en el Comité Ejecutivo que acaba de elegir Griñán hay personas imputadas y que siguen en sus cargos. Y en Canarias en el Congreso del PSOE ha ocurrido lo mismo. Me gustaría que todos fuéramos de igual condición ante la opinión pública.

-Pero usted, al margen de lo que haga el PSOE, ¿está dispuesto a ser inflexible en su partido?

-Se lo repito. Todas las personas que aparecían involucradas en el caso Gürtel, sin perjuicio de su presunción de inocencia, ya no tienen ningún cargo administrativo ni político en la estructura del partido.

-De todas las personas de su partido involucradas en casos de corrupción, ¿cuál le ha decepcionado más?

-A la mayoría no les conocía personalmente. Al que más conocía era a Jaime Matas porque había sido compañero en el Gobierno. Me he llevado una sorpresa. Yo espero que él se defienda y demuestre lo que quiera o pueda demostrar. Estas cosas son muy duras y te sorprenden, pero no se pueden dejar sin respuesta política ni se pueden justificar de ninguna manera porque hacen un daño enorme a la imagen de la política y a la confianza que los ciudadanos depositan en nosotros.

-Esta semana estuvo en Girona y el presidente de la Cámara de Comercio le pìdió que retirara el recurso sobre el Estatut. Usted no respondió. ¿Me respondería la pregunta a mi?

-No se la ha respondido formalmente, pero creo que el presidente de la Cámara me entendió. A mi no me gusta engañar a la gente. Nosotros recurrimos el Estatuto, y yo mismo di la cara en el Congreso, porque entendimos que no se ajustaba a la Constitución. Yo quiero que Cataluña tenga un Estatuto constitucional y creo que represento el sentir de muchos catalanes. En Cataluña, tanto la constitución como el primer Estatuto, lo votaron en un porcentaje muy mayoritario de la población. Por tanto, ahí estoy tranquilo. Aceptaré lo que diga el Tribunal Constitucional.

-El Estatut lleva casi cuatro años vigente. ¿Ha notado si se ha roto algo en Cataluña?

-Lo que he notado es que se ha incumplido. Prácticamente no se ha aplicado, sobre todo en los temas económicos. Es cierto que nosotros recurrimos la financiación, pero no es menos cierto que el señor Rodríguez Zapatero, que ha sido uno de los grandes promotores del texto, ha hecho exactamente lo contrario de lo que prometió. Yo soy partidario de que si se hacen leyes se adapten a la Constitución, pero sobre todo que se cumplan.

-El viernes no hubo fumata blanca en el Tribunal Constitucional. ¿Ahora qué?

-No es una buena noticia, pero espero que el Constitucional falle y lo haga pronto. Yo acataré lo que diga. Un país no puede funcionar sin reglas de juego. El TC lo hemos creado entre todos. Su composición, la forma de elegir sus miembros y sus funciones, también.

-El TC tiene magistrados con el mandato caducado, uno recusado y una plaza por cubrir. ¿Qué credibilidad tiene con esta composición?

- La que le da que estemos en una situación de legalidad. Lo que ha dicho usted es verdad. Hay un magistrado recusado y además se intentó recusar dos más, hay una plaza sin cubrir y se redactó una ley para prorrogar el mandato de la presidencia, todo es cierto, pero no es menos cierto que la situación es de legalidad.

-Vista la situación actual, con cinco dictámenes rechazados, ¿no ha llegado el momento de replantearse ustedes y el PSOE la renovación de este TC?

- Mire, yo ya le di mi opinión al señor Rodríguez Zapatero hace un año y medio y si no se renueva es porque él no ha querido. Así de claro. De la misma forma que se renovó el Poder Judicial en su día, yo le dije que estaba dispuesto a renovar el TC. No quiso. Supongo que le gustará más la actual composición. Yo he cumplido con mi responsabilidad.

-¿Hay que adelgazar las administraciones públicas?

-No tenga usted la más mínima duda. Es exactamente lo contrario de lo que ha ocurrido en los últimos años. Desde 2004, el Gobierno ha incrementado el capítulo de personal una media del 7% anual. Eso es un disparate.

-También hay administracions gobernadas por dirigentes de su partido que no son un ejemplo de rigor en el gasto.

-Sí, sí. Hablo de administraciones en su conjunto. Yo le ofrecí un pacto de austeridad al señor Rodríguez Zapatero a cambio de no subir los impuestos…

-¿Cómo ve la situación de Camps después de la segunda entrega de Gürtel y dado que el Supremo debe pronunciarse sobre la apertura de juicio por el tema de los trajes?

-La veo exactamente igual de bien que antes de esos dos acontecimientos a los que se refiere usted.

Los solicitantes de asilo están siendo expulsados de algunos países debido a un aumento en la xenofobia y por las campañas políticas que utilizan a los extranjeros como cabezas de turco, según aseguró este viernes el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, António Guterres.

El asilo y la inmigración son cuestiones sensibles en muchos países como en Italia y en Grecia, que afirman que no pueden afrontar los cientos de miles de inmigrantes que llegan como potenciales inmigrantes ilegales, a menudo en barcos desvencijados procedentes de África.

“Lo que estamos presenciado, desafortunadamente, es la emergencia de los sentimientos xenófobos y las fuerzas populistas que hacen campañas contra los extranjeros y los utilizan como cabezas de turco para que soporten los problemas de un país en las campañas políticas”, aseguró Guterres en una entrevista.

“Los últimos ejemplos de gente que está siendo enviada de vuelta en contra de su voluntad, como en Camboya, o el rechazo de los eritreos de Italia son buenos ejemplos de un espacio de solicitantes de asilo que está disminuyendo, y necesitamos luchar para mantener este espacio abierto para aquellos que tengan necesidad de protección”, añadió el Alto Comisionado.

El número de personas que solicitaron asilo en Occidente permaneció estable el año pasado, desmintiendo así el mito de que hay un flujo importante de personas que intenta alcanzar los países ricos, según afirmaba ACNUR en un informe publicado hace un mes.

La mitad de los 10,5 millones de refugiados que hay en el mundo viven en centros urbanos, aumentando el coste de la vida e incrementando el riesgo de tensión con las poblaciones locales, de acuerdo con esta agencia de la ONU.

Guterres, antiguo primer ministro de Portugal, aseguró que “una serie de crisis” en Irak, Pakistán, Afganistán, los territorios palestinos, Yemen, Sudán, Somalia y Chad representan dos tercios de la población de refugiados del mundo.

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La Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha absuelto a los cinco directivos del diario ‘Egunkaria’ acusados de pertenecer a la organización terrorista ETA, al descartar que el rotativo “fuera instrumento para la comisión de delitos o soporte de actividad criminal alguna”.

Además, critica duramente el cierre temporal decretado por el juez Juan Del Olmo en 2003, ya que “no tenía habilitación constitucional directa y carecía de una norma legal especial y expresa que lo autorizara”.

Las acusaciones populares de Dignidad y Justicia (DyJ) y la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) solicitaron penas de entre 12 y 14 años de prisión para los directivos del periódico Juan María Torrealdai, José María Auzmendi, Iñaki Uría, Martxelo Otamendi y Xabier Oleaga.

- Fiscal: con tregua o sin tregua.

El fiscal Miguel Angel Carballo solicitó la libre absolución de los acusados “con tregua o sin tregua”, defendiendo que en sus 13 años de vida el diario no publicó ni un solo artículo que demostrara el apoyo “siquiera ideológico” del rotativo a la banda.

Precisamente, éste es uno de los argumentos esgrimidos por el tribunal, presidido por Javier Gómez-Bermúdez, para dictar la sentencia absolutoria.

A su juicio, las acusaciones “no han probado que los procesados tengan la más mínima relación con ETA”, como “tampoco se ha acreditado ni directa ni indirectamente que el periódico ‘Euskaldun Egunkaria’ haya defendido los postulados de la banda terrorista, haya publicado un solo artículo a favor del terrorismo o de los terroristas ni que su línea editorial tuviese siquiera un sesgo político determinado”, algo que, además “no sería delicitivo”.

En la sentencia, el tribunal –compuesto además de por Gómez Bermúdez por Ramón Sáez Valcácel y por Manuela Fernández de Prado– carga duramente contra la decisión del juez Del Olmo de clausurar en 2003 el rotativo, bajo la premisa de que el objetivo del diario era facilitar amparo y difusión “con apoyo del idioma euskera como cobertura cultural para ello” al idario terrorista.

- Un medio de comunicación no es una empresa cualquiera.

Según la Sala, el cierre temporal de un medio de comunicación diario como medida cautelar “es de difícil encaje en nuestro ordenamiento jurídico” y “no tiene cobertura constitucional directa”. Además, sostiene que tampoco existe “ninguna norma” en el campo de la legalidad ordinaria que habilite “de manera precisa y directa al juez para suspender provisionalmente su actividad”.

En opinión de los magistrados de la Audiencia, el artículo 129 de la Código Penal, al que el magistrado Del Olmo se acogió para decretar la clausura, referido a la adopción cautelar de medidas de seguridad en relación a empresas y personas jurídicas para evitar la comisión de delitos, “pudiera ser una cobertura incierta e insuficiente” en este caso, ya que “un periódico diario no admite ser considerado como una empresa cualquiera”. Los medios de comunicación, afirma, “desarrollan una actividad imprescindible en una sociedad democrática al ser vehículo para el ejercicio de derechos fundamentales básicos para los ciudadanos”.

El cierre sólo podría haberse decretado, argumentan, en “supuestos excepcionales” para la “evitación de nuevos delitos graves”, algo que en este caso queda descartado ya que en las páginas del diario “no se amenazaba ni coaccionaba, ni se provocaba al delito, ni se hacía apología o enaltecimiento de los actos terroristas o de sus autores, ni se calumniaba ni se injuriaba”.

En definitiva, el tribunal considera que un juicio de ponderación “entre la libertad de prensa que fue sacrificada o suspendida singularmente” por Del Olmo y “los fines de prevención de la supuesta reiteración delictiva que se declaraban” muestra que estos fines “podían haberse conseguido usando otras posibilidades alternativas de intervención cautelar que no implicaran la interrupción de la actividad informativa de la elaboración, impresión y distribución del diario”.

- “No todo lo que tenga que ver con el euskera es ETA”

La sentencia también dirige críticas a las acusaciones populares, ejercidas por las dos asociaciones de víctimas, a las que acusa de presentar hipótesis “artificiosas”, a partir de un punto de partida “endeble”. Las acusaciones, subraya, “han invertido el proceso inductivo: primero se ha decidido cuál es la conclusión, de la que se predica, sin base, que es indiscutible, luego se buscan las señales, vestigios o indicios, y por último se rechaza cualquier sentido o explicación de éstos que no apoye la conclusión”.

Los magistrados denuncian que las acusaciones fueran contra ‘Egunkaria’ porque uno de los objetivos de la organización terrorista sea el fomento y expansión del euskera y la cultura vasca, y a partir de ahí den “por supuesto que ETA ha tenido que intervenir en la gestación, nacimiento y gestión del periódico”. Es decir, que “como la lengua vasca es un instrumento primordial para ETA en su estrategia y ‘Egunkaria’ es el único diario íntegramente editado en lengua vasca, tuvo que nacer porque ETA lo quiso”.

El tribunal carga contra “la estrecha y errónea visión según la cual todo lo que tenga que ver con el euskera y la cultura en esa lengua tiene que estar fomentado y/o controlado por ETA”, que ha conducido en este proceso penal a “una errónea valoración de datos y hechos” y a “la inconsistencia de la imputación”. “La omnipresencia de ETA en la cultura vasca es una falacia interesada, buscada por la propia banda”, insiste, haciendo suyas las palabras pronunciadas por los acusados durante la última sesión del juicio.

En la sentencia, también se destaca que en sus declaraciones los cinco imputados pusieron de manifiesto el “rechazo” que produjo la publicación en 1991 de los documentos incautados a ETA en los que se hablaba de vinculaciones con el diario y que fueron la base de las acusaciones de las asociaciones de víctimas. De su lectura, afirma, “no se puede sostener que ninguno de los procesados tuviera contacto o haya prestado su consentimiento para ocupar cargos siguiendo órdenes, instrucciones o sugerencias de los terroristas”.

Además, recuerda que el periódico contaba con subvenciones de entidades públicas, “en contra de la opinión de ETA” y apunta que ni se ha acreditado que “parte alguna del capital social u otros recursos fueron de procedencia ilícita” ni “costa envío o desvió de fondos o activos de clase alguna desde la sociedad editoria o el diario a la banda terrorista ETA”.

Por otra parte, en relación con las torturas denunciadas por los acusados, sostiene el tribunal que “son compatibles con lo expuesto en los informes médico-forenses emitidos tras ser reconocidos en el centro de detención” y aunque no pueden “llegar a conclusiones jurídico penalmente relevantes sobre el particular”, los magistrados consttan que “no hubo control judicial suficiente y eficiente de las condiciones de la incomunicación”.

El secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Tarcisio Bertone, señaló este lunes que los casos de pedofilia destapados en el seno de la Iglesia no tienen que ver con el celibato y vinculó este tipo de acciones, en cambio, con la homosexualidad.

“Muchos psicólogos y muchos psiquiatras han demostrado que no hay relación entre celibato y pedofilia, pero muchos otros han demostrado, me han dicho recientemente, que hay relación entre homosexualidad y pedofilia”, afirmó el ‘número dos’ del Vaticano, de visita en Chile.

En rueda de prensa, Bertone avanzó que el Papa, Benedicto XVI, tomará nuevas medidas en relación a las denuncias destapadas en las últimas semanas y que han llegado a salpicar hasta al Pontífice.

El cardenal defendió que la pedofilia afecta a “todas las categorías de personas” y que, “en menor medida”, a los sacerdotes. No obstante, incidió en que se trata de un comportamiento “muy grave” y lo tachó de “escandaloso”.

“No queremos poner el silenciador, pero esperamos que se termine esta campaña”, agregó, el mismo día en que el Vaticano publicó en Internet una guía para gestionar las acusaciones de abusos.

“El informe se ha caracterizado por la timidez frente a la prolongada ocupación ilegal del Sahara Occidental por Marruecos y su más que probada obstrucción a unas negociaciones serias y creíbles”, dijo a Efe el representante del Polisario ante el organismo mundial, Ahmed Bujari.

El dirigente saharaui lamentó en particular que el informe enviado el pasado miércoles al Consejo de Seguridad de la ONU no incluya una recomendación para crear un mecanismo de supervisión de los derechos humanos en el territorio ocupado por Marruecos, cuya delegación diplomática en Nueva York no quiso hacer declaraciones al respecto.

“Es una prueba de la larga mano de Marruecos en la redacción y orientación del informe. Con ello, la ONU ha perdido una nueva oportunidad para asumir la responsabilidad que le incumbe, tanto en la descolonización del Sahara Occidental como en la defensa y protección de los derechos humanos”, agregó Bujari.

Asimismo, consideró que los últimos acontecimientos en la ex colonia española demuestran la necesidad de que el organismo internacional supervise de cerca la protección de los derechos humanos.

Según el representante del Frente Polisario, Rabat ha utilizado en los últimos días “hordas de colonos marroquíes” para agredir en el Sahara a defensores de los derechos humanos.

En particular, aseguró que el jueves se llevaron a cabo en los accesos a la ciudad de El Aaiún agresiones por parte de “colonos marroquíes” contra activistas de derechos humanos, entre los que se encontraban observadores españoles.

“La ONU , por su pasividad, está alentado la repetición de las masacres que ocurrieron en Timor Oriental a manos de las milicias indonesias”, agregó.

El Consejo de Seguridad, tras recibir el informe del secretario general de la ONU, tiene previsto reunirse el próximo día 15 para debatir la renovación del mandato de la Misión para el Referéndum del Sahara Occidental (MINURSO), que vence a finales de este mes.

Ban recomienda en el documento la ampliación por un año más del mandato de la misión de paz, que lleva en el territorio desde 1991.

También pide “imaginación y creatividad” en el estancado proceso de negociación que Marruecos y el Polisario iniciaron en 2007 bajo el auspicio de Naciones Unidas.

Asimismo, expresa también su preocupación por la situación de los derechos humanos en la zona e insta a realizar un censo en los campamentos de refugiados en Tinduf (Argelia), al que se opone el Gobierno de Argel.

El reino alauí sostiene que la única solución realista al conflicto es su propuesta de conceder la autonomía al territorio que ocupa militarmente desde hace 35 años.

Por su parte, el Polisario insiste en la celebración de un referéndum que incluya la independencia entre las opciones.